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Republicanos bloquean voto de censura a Gonzales
WASHINGTON, junio 11, 2007.-
Los republicanos bloquearon un voto simbólico de censura al secretario de
Justicia, Alberto Gonzales, frustrando un intento demócrata de hacerlo
renunciar después que legisladores de ambos partidos pusieron en duda su
competencia.
La
votación fue de 53-38, faltando siete votos para alcanzar el mínimo de 60
que requieren las normas del Senado para elevar la resolución no vinculante
a un debate formal. Los demócratas desafiaron a los republicanos a expresar
sus verdaderos sentimientos sobre el funcionario, quien provocó las iras
incluso de los máximos defensores de la Casa Blanca con su torpeza al
despedir a ocho fiscales federales y asegurar decenas de veces que no
recordaba detalles del caso.
Los
republicanos no lo defendieron, pero la mayoría recurrió a argumentos
constitucionales para no votar a favor del debate formal y acusaron a los
demócratas de querer presionar a Gonzales para que renuncie. Esto último
parecía poco probable en el corto plazo. Gonzales desestimó la retórica del
Congreso, en tanto el presidente George W. Bush siguió apoyando a su viejo
amigo y asesor.
"Que voten
retirarle la confianza si quieren, pero con eso no decidirán quién trabaja
en mi gobierno", dijo Bush en Sofía, Bulgaria, la última escala de su gira
europea.
Gonzales,
el funcionario de origen hispano de mayor rango en el gobierno, dijo que no
prestaba atención a la retórica legislativa.
"No me
concentro en lo que hace el Senado", dijo Gonzales en una conferencia sobre
terrorismo nuclear en Miami. "Me concentro en aquello que el pueblo
estadounidense espera del secretario de Justicia de los Estados Unidos y
este gran Departamento de Justicia".
Demócratas
y republicanos han fustigado a Gonzales por su torpeza en el despido de los
fiscales, por decir que no sabía quién la había ordenado y provocar con ello
el caos en el departamento. Legisladores de ambos partidos se han quejado de
que el departamento bajo Gonzales ha violado las libertades cívicas, por
ejemplo al aplicar el programa de Bush de escuchas telefónicas sin orden
judicial.
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