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Acusaciones por millonario fraude en Puerto Rico
SAN
JUAN, mayo 30, 2007.-
Dos puertorriqueños enfrentan 3.248 cargos criminales por preparar y
ejecutar un esquema de fraude mediante el cual despojaron a más de 406
personas de cerca de 1,5 millones de dólares en la isla.
El
secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, identificó a los arrestados
el miércoles como Fernando Soto Rivera y Gustavo Rivera Vázquez, contra
quien el juez Emilio Mulero determinó causa en todos los delitos imputados e
impuso una fianza global ascendente a 32,4 millones de dólares.
Según el
director de la División de Delitos Económicos de Justicia, José Ramírez
Lluch, el esquema consistía en ofrecerle a las personas invertir en la
compra de dinero nuevo en la reserva de los Estados Unidos.
"De la
investigación se desprende que los imputados usaban como ejemplo que ellos
podían comprar un billete de un dólar por la cantidad de 25 centavos y
posteriormente revenderlo a los bancos por la cantidad de un dólar",
explicó.
Contra
cada uno de los imputados, pesan 406 cargos de apropiación ilegal agravada y
otros 1.218 cargos por violar tres artículos de la Ley Uniforme de Valores
de Puerto Rico.
El fiscal
a cargo del caso, José Ramírez Giusti, precisó a la AP que los acusados, que
actuaban bajo el nombre de Cia Financial, se reunían privadamente con las
víctimas y les pedían invertir dinero con la promesa de entregarle el doble
de la cantidad invertida en 90 días.
"Unos
pocos llegaron a recibir el dinero de vuelta", manifestó Ramírez Giusti,
agregando que las inversiones fluctuaron entre los 1.000 y los 80.000
dólares.
Un
comunicado de la Policía señala que el fraude ascendió a 12,1 millones de
dólares y los perjudicados a 1.200, pero el fiscal señaló que aunque eso es
lo que se comenta en la calle, sólo hay evidencia de que 406 personas fueron
despojadas de un total de 1,5 millones de dólares.
"Es el
esquema más grande que ha investigado Justicia en los últimos 10 años",
apuntó.
Entre los
1.218 cargos por violar artículos de la Ley Uniforme de Valores de Puerto
Rico, figuran 406 acusaciones por violar el artículo que prohibe vender
valores de forma fraudulenta, otros 406 por el que prohibe vender valores
que no están inscritos en la Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras y otros 406 por el que prohibe ser vendedor de valores sin estar
inscrito en esa misma dependencia gubernamental.
La
investigación del caso estuvo a cargo de la División de Delitos Económicos
del Departamento de Justicia, el Cuerpo de Investigaciones Criminales de la
Policía y el Comisionado de Instituciones Financieras.
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