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Gerencia
social y viabilidad de la inversión
Por: Enrique
Cornejo Ramírez
Presidente
Asociación Nueva Economía
Para salir de
la pobreza hay que generar nueva riqueza y, para hacerlo, se necesita aumentar
la inversión. No habrá desarrollo sin inversión, no habrá justicia social sin
inversión.
En el Perú,
cuando se habla de inversión inmediatamente se piensa en la inversión
extranjera; es cierto que ésta inversión es importante sobre todo en los
sectores de exportación de materias primas y en actividades de servicios. Sin
embargo, la mayor parte de la inversión privada es nacional e incluye miles de
pequeñas y micro empresas a lo largo de todo el país. La inversión pública
también es importante, principalmente en los sectores sociales y en la
infraestructura básica.
El esfuerzo que
debemos realizar en el país para que el crecimiento genere nuevo empleo
suficiente y beneficie realmente al ciudadano de a pie, implica necesariamente
casi duplicar los actuales niveles de inversión. Sólo en infraestructura básica
(carreteras, agua, energía) se estima que se necesitan no menos de US$ 20,000
millones y en infraestructura para sectores sociales (educación, salud) se
necesitan otros US$ 20,000 millones. Adicionalmente, se necesita invertir más en
nuevos proyectos de exportación (textil-confecciones, agroindustria y minería)
por un monto no menor a los US$ 7,000 millones.
Para que
aumente la inversión pública se necesita reestructurar el presupuesto público y
mejorar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto, pero no será
suficiente. En muchos casos, manteniendo la propiedad de los activos, se
requiere apoyo del sector privado a través de diferentes mecanismos que se
utilizan en distintos países: la asociación público-privada (denominada PPP´s
por sus siglas en inglés, Public Private Partnership), la concesión, el contrato
de usufructo, el contrato de gerencia o el accionariado difundido. La inversión
pública debería elevar su participación dentro del total del gasto público del
actual 10% al 20% o 25%. Existe todavía la idea que el Estado puede resolver
–por sí solo- los requerimientos de inversión, pero eso no es posible.
La inversión
privada –nacional o extranjera- necesita tres cosas básicas para poder actuar:
rentabilidad, reglas de juego claras y estabilidad política y social. La
rentabilidad depende de cada proyecto y del entorno macroeconómico (que en el
país es favorable); para que hayan reglas de juego claras y duraderas se
necesita planeamiento estratégico, políticas de Estado y visión de futuro. Para
que haya estabilidad política y social se necesita algo más que gobernabilidad
democrática e instituciones creíbles.
Partiendo de
los altos niveles de pobreza y desigualdad que tiene nuestro país y que afectan
a millones de peruanos, no basta con promover mayores inversiones privadas; hay
que darle viabilidad social y política a éstas inversiones. Los sucesos de Ilave,
los de Espinar en el Cusco, los de Ancash, Cajamarca y, últimamente, los de
Piura, todos relacionados a la actividad minera y a las comunidades campesinas
que se ubican en las zonas de influencia de los respectivos proyectos, nos deben
llevar a reflexión.
Que se necesita
la inversión privada es indudable. Esta inversión debe cumplir, desde nuestro
punto de vista, cinco requisitos básicos: a) pagar sus impuestos correctamente;
b) no contaminar el medio ambiente; c) actuar en un ambiente de competencia y no
de monopolio; d) generar, en lo posible, empleos locales; y, e) ser solidaria
con la pobreza y la desigualdad de las poblaciones involucradas. Si estas
condiciones se cumplen será más fácil el entendimiento por parte de la población
de los beneficios que trae la inversión privada –nacional y extranjera- al
desarrollo del país.
Corresponde al
Estado garantizar que la inversión tenga la rentabilidad y estabilidad que
necesita pero también garantizar que cumpla con sus obligaciones impositivas,
ambientales y sociales. En muchos casos, es el Estado el que debe propiciar el
diálogo y la concertación entre todas las partes involucradas, de manera que se
recupere confianza mutua y la inversión sea considerada “amigable” por la
población. Factor fundamental para contribuir a éste objetivo es el buen manejo
de los impuestos recaudados, de manera que parte importante de los mismos
regrese – a tiempo- a la población en forma de obras públicas y servicios
tangibles.
A todo éste
esfuerzo de acercamiento de posiciones, de búsqueda de alternativas viables y
concertadas, de pedagogía y de inducción social, es lo que denominamos
“gerencia social” y ésta es una tarea del nuevo Estado. Con prácticas de
“gerencia social” se han viabilizado recientemente proyectos como Yuncán,
Bayóbar y las Bambas; con “gerencia social” también se encontró una
solución para la eliminación concertada de algunas exoneraciones en la Región
San Martín. En todos los casos, la “gerencia social” permitió agregar a
los objetivos empresariales objetivos sociales que beneficien a la población.
Todos tenemos que prepararnos y mentalizarnos en ésta nueva tarea del Estado que
le de viabilidad a las inversiones.
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