|
Controversia
de límites y caso Fujimori elevan tensión entre Perú y Chile
LIMA,
junio 10, 2007.-
La controversia sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile subió la
tensión en las relaciones entre Lima y Santiago tras la enérgica protesta de
Lima denunciando la "pretensión" chilena de desconocer los límites
terrestres en momentos que el proceso de extradición del ex presidente
Alberto Fujimori ingresa a su recta final.
La
protesta peruana acaparó las portadas de la prensa dominical y la clase
política cerró filas detrás del gobierno aunque algunos sectores de
oposición pidieron suspender los acuerdos comerciales vigentes hasta
resolverse el tema de la delimitación marítima.
La
discrepancia se atizará más cuando el gobierno chileno responda, señaló el
ex canciller José de la Puente, quien prevé "un agravamiento de la situación
con Chile" ante la posición de Santiago de poner en duda la frontera
terrestre.
"La
frontera terrestre quedó totalmente delimitada mediante el Tratado de 1929 y
eso lo hemos repetido hasta el cansancio al gobierno de Chile y parece que
no lo quieren comprender", dijo el ex canciller citado por el diario
Expreso.
El
presidente de la comisión de Defensa del Congreso, Luis Gonzales Posada, fue
un paso más allá y advirtió que si Chile no varía su posición de cuestionar
la frontera terrestre "se podría generar un conflicto diplomático".
El
legislador oficialista denunció la "estrategia diplomática del gobierno de
Chile" que pretendería apropiarse de 35.000 metros cuadrados de territorio
peruano pero también de más de 35.000 kilómetros cuadrados de mar peruano.
Carlos
Ferrero, ex primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006),
pidió el domingo suspender los acuerdos comerciales vigentes entre los dos
países a la espera de que se solucione la controversia de límites.
"El
reclamo chileno terreste busca empatar el paralelo geográfico con la
bisectriz para justificar quedarse con los 35.000 kms cuadrados que reclama
Perú", acotó en declaraciones a periodistas.
A su vez,
el ex jefe de la armada, Alfredo Palacios, exigió que "el Perú condicione su
aceptación a cualquier posible acuerdo entre Chile y Bolivia para una salida
al mar por territorios que fueron peruanos, a la solución de la controversia
marítima con Chile".
La
protesta del gobierno peruano se presentó el jueves a Santiago tras la queja
chilena ante la ONU el 29 de mayo en rechazo de una nueva ley de Líneas de
Base de Dominio Marítimo entregada por Lima a ese organismo.
Perú se
apresta a presentar a la ONU una nueva cartografía nacional, donde reclama
unos 35.000 km2 en el océano Pacífico sobre los cuales Chile ejerce
actualmente dominio.
El
gobierno chileno sostiene que la frontera marítima entre los dos países está
zanjada a través de dos acuerdos de 1952 y 1954 y discrepa con las
coordenadas planteadas por Perú para la frontera terrestre común.
La nota
peruana denunció "la pretensión chilena de confundir la delimitación
marítima pendiente entre ambos países con la frontera terrestre fijada por
un tratado de 1929".
La
discrepancia sobre el límite terrestre se basa en la interpretación que hace
cada país para fijar el primer hito al borde del mar, que les sirve de
referencia para trazar una bisectriz proyectando la cuestionada delimitación
marítima.
Según las
autoridades peruanas, citando el Tratado de límites de 1929, el hito 1 se
ubica al borde del mar, pero según las autoridades chilenas el hito está
colocado a unos 200 mts tierra adentro.
La tensión
por el tema de la delimitación contrasta con la relativa calma con que los
dos países han manejado el caso de la extradición del expresidente Alberto
Fujimori (1990-2000).
Pese a los
desmentidos de Lima, la calma podría verse perturbada por los anuncios de
Keiko Fujimori, su hija y congresista, indicando que al gobierno de Alan
García no le conviene que su padre vuelva a Lima porque podría generar
inestabilidad.
Lima y
Santiago han rechazado en el pasado versiones de prensa de un acuerdo
político para evitar expatriar a Fujimori. El jueves la fiscal suprema de
Chile recomendó su extradición por presuntos delitos de corrupción y
violación a los derechos humanos.
|
