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Encarcelan a otros cinco congresistas colombianos por nexo con paramilitares
BOGOTA,
mayo 14, 2007.-
El escándalo por nexos de políticos con paramilitares ocasionó este lunes un
nuevo remezón en Colombia, al ordenarse la captura de 20 dirigentes,
incluidos cinco congresistas, cuatro de ellos aliados del presidente Alvaro
Uribe, que se suman a otros ocho legisladores presos.
A los
implicados se les acusa de haber sacado "provecho político" de un pacto
firmado en julio de 2001 con los entonces jefes de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC, ultraderecha), que habrían apoyado sus campañas al
Congreso y otros cargos, dijeron la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.
La Corte
-juez de los congresistas- dispuso la detención de los senadores Miguel de
la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes y William Montes,
y del representante (diputado) José Santos.
Hasta la
tarde del lunes sólo estaba pendiente el arresto de William Montes, mientras
que los demás eran recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá, donde se
encuentran presos ocho parlamentarios más del oficialismo desde el 15 de
febrero, también por supuestos vínculos con paramilitares.
Otro
congresista aliado de Uribe está prófugo y 11 son investigados
preliminarmente por el llamado escándalo de la 'parapolítica'.
Sobre la
decisión de la Corte y en una escueta declaración a periodistas, Uribe
recordó que "una cosa es la institución democrática del Congreso y otra las
responsabilidades individuales que la justicia, en su sabiduría y de acuerdo
con la Constitución y la ley, definirá".
Entretanto, y por el mismo caso, la Fiscalía ordenó capturar a 15 políticos,
incluidos varios ex congresistas, ex alcaldes de bastiones paramilitares y
ex diputados regionales.
Uno de
ellos, la ex representante Eleonora Pineda, fue detenida en Bogotá.
Pineda fue
una férrea defensora del diálogo de paz con las AUC, que condujo al desarme
de 31.000 paramilitares, cuyos jefes están inmersos en un proceso de
confesión a cambio del cual recibirán una pena máxima de ocho años de cárcel
por sus crímenes contra la humanidad.
Las AUC
son acusadas de unos 9.000 homicidios a lo largo de dos décadas de lucha
contra las guerrillas de izquierda.
El
presidente de la Corte Suprema, Alfredo Gómez, y el fiscal general, Mario
Iguarán, coincidieron en que los firmantes del "acuerdo de Ralito"
-sindicados de concierto para delinquir por "promocionar" grupos ilegales-
actuaron voluntariamente y no bajo presiones, como sostienen algunos de
ellos.
"La Corte
demostró que no hubo coacción por parte de los paramilitares para la
presencia de estas personas en la reunión. Hubo conocimiento, voluntad en la
suscripción del documento", dijo Gómez. "La asistencia a esa reunión fue
libre, espontánea y consciente", indicó el fiscal.
Los
implicados, varios de los cuales promovieron la campaña de Uribe a la
presidencia en 2002 y su reelección el año pasado, podrían recibir de seis a
doce años de cárcel, según el magistrado.
Las
acusaciones señalan que las AUC presionaron a los electores en sus zonas de
influencia para que los políticos afectos al grupo fueran elegidos en
diversos cargos públicos.
Gómez
reveló el domingo que la Corte investiga 25 nuevas denuncias contra
congresistas por vínculos con paramilitares, mientras que hace una semana el
vicepresidente Francisco Santos vaticinó que entre 30 y 40 legisladores
terminarán tras las rejas por esas sindicaciones.
No
obstante, el ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, descartó el
domingo una revocatoria del Congreso o el llamado a nueves elecciones,
incluso si termina involucrada la tercera parte del Legislativo.
El
escándalo también amenaza con crecer por el anuncio del ex líder de las AUC,
Salvatore Mancuso, de que revelará los nombres de los políticos, militares,
empresarios y compañías que cooperaron con el grupo, cuando reanude su
confesión el martes ante la fiscalía
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