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Choque de poderes se agrava en Bolivia con orden de detención de magistrados
LA PAZ
, mayo 29, 2007.-
La orden de detención de cuatro ministros del Tribunal Constitucional (TC)
emitida el martes por un comité del Congreso aumentó la tensión de poderes
en Bolivia, mientras los afectados -a quienes el presidente Evo Morales
había pedido enjuiciar- denunciaron un "atropello".
El
presidente del Comité de Policía Judicial de la Cámara de Diputados, Oscar
Martínez, militante del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció
la emisión de "mandamientos de aprehensión" contra los magistrados Walter
Raña, Artemio Arias, Elizabeth Iñiguez y Martha Rojas.
Martínez
manifestó que el Comité que dirige "hará cumplir la ley para que los cuatro
jueces encausados se presenten a declarar".
Estos
cuatro magistrados debían presentarse a declarar a comienzo de mayo luego de
cesar en sus cargos a cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
que habían sido nombrados por decreto presidencial, decisión que provocó el
malestar de Morales.
En su
fallo los magistrados del TC señalaron que esas nominaciones presidenciales
tenían carácter interino pues la elección es sólo potestad del Parlamento.
Morales
presentó entonces ante el Congreso una proposición acusatoria para iniciar
un juicio de responsabilidades a los cuatro tribunos con el argumento de que
prevaricaron. También acusó a la Justicia boliviana de ser la institución
más corrupta del país.
Los cuatro
miembros del Tribunal, en un comunicado público leído por la ministra
Iñiguez, calificaron este martes como un "atropello" la orden de detención
emitido por el Comité del Congreso y argumentaron que los diputados no
tienen la atribución legal para ordenar sus detenciones.
Para
Iñiguez, la orden de detención -aún no cumplida por autoridades judiciales
y/o policiales- "es una prueba de que el proceso iniciado en contra de los
magistrados busca dejar al país sin el control constitucional que exige la
democracia".
"Somos
víctimas de una persecución ilegal del partido en función de gobierno
(MAS)", afirmó Íñiguez, acompañada en su declaración de prensa por sus tres
colegas, quienes de todos modos comparecerán ante el Congreso.
El
conflicto entre el Ejecutivo y el poder Judicial, al que ahora se sumó el
Congreso, motivó que el ex presidente boliviano Jorge Quiroga califique la
orden de detención como "un golpe judicial y un golpe a la democracia".
Según el
ex mandatario, líder de la principal fuerza política de oposición, un comité
del poder Legislativo no tiene la facultad para ordenar la detención de
ministros del TC.
El
conflicto político caminaba a la par de las dificultades entre oficialistas
y opositores para concensuar la designación de cuatro ministros de la CSJ
que reemplacen a los interinos que el TC cesó de sus cargos.
El
vicepresidente Alvaro García convocó para la tarde del martes a una sesión
del Parlamento bicameral para elegir a los nuevos ministros, aunque aún no
se visualizaba un entendimiento entre los parlamentarios.
Según la
Ley, el Congreso debe elegir por 105 de sus 157 miembros a los ministros de
la justicia, mientras el oficialismo sólo cuenta con 84 votos, frente a los
73 de la oposición.
La crisis
entre los poderes motivó una reunión el fin de semana entre el gobierno de
Morales y los seis gobernadores opositores (sobre nueve en total), convocada
en la central Cochabamba.
La cita
terminó abruptamente y sin acuerdos en una situación calificada por los
gobernadores opositores de "fracaso absoluto, por la posición cerrada del
Gobierno", que a su turno acusó a estas autoridades de ponerse del lado de
la corrupción y la injusticia.
El
prefecto de La Paz, José Luis Paredes, en una entrevista con la AFP opinó el
domingo que Morales tiene una estrategia para concentrar todo el poder para
sí, al estilo de su homólogo venezolano, Hugo Chávez, que "gobierna por
decretos y tiene al Tribunal Constitucional a sus órdenes.
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