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Se multiplican denuncias de corrupción en varios niveles del Estado peruano
LIMA,
mayo 16, 2007.-
Los casos de dos congresistas que contrataron de manera aparentemente
irregular a asesores se han sumado en Perú a una ola de denuncias que
afectan o han afectado a ministros, la Marina y hasta la propia fiscal de la
Nación.
El caso
más reciente es el del legislador Walter Menchola, acusado de contratar a la
joven universitaria Karen Ku, de 19 años, quien, según la prensa,- sería su
presunta pareja sentimental y que cobraba un sueldo mensual de unos 900
dólares sin asistir a trabajar.
Tras
revelarse el caso, Menchola pidió disculpas y dijo que asumiría las
consecuencias de sus actos sin hacer valer su derecho a la inmunidad
parlamentaria.
La
presidenta del Congreso ha adelantado que la joven Ku tendrá que devolver el
dinero que cobró sin trabajar.
Semanas
atrás, la congresista Elsa Canchaya fue denunciada por contratar como
"asesora" en su despacho del Congreso a una joven que realizaba quehaceres
domésticos en su casa. Aún así tenía un sueldo equivalente a unos 1.500
dólares, sospechándose de que la congresista se apropiaba de ese dinero.
Realizada
la investigación, la legisladora fue sancionada con 120 días de suspensión
sin goce de sueldo. Sin embargo, el Congreso no ha descartado un posible
desafuero de Canchaya y de Menchola.
Pero los
presuntos actos de corrupción han rebasado el Congreso y han envuelto
también a la Marina de Guerra del Perú, al detectarse que oficiales en
actividad de la inteligencia naval habrían vendido información considerada
clasificada a empresas de seguridad privadas.
Esa
información tendría que ver con los movimientos de los grupos remanentes de
la guerrilla maoísta Sendero Luminoso y sobre el desplazamiento de posibles
cargamentos de drogas, según una denuncia periodística.
En el
caso, calificado de "muy grave" por el gobierno, están involucrados hasta
ahora tres oficiales de la Armada y otros dos en retiro, habiendo dado lugar
al relevo de dos jefes de la Dirección de Inteligencia de la Marina.
El
objetivo de una investigación en marcha en ese instituto armado es
determinar si existe una red de tráfico de venta de información secreta,
desde cuándo operaría y a quien se habría entregado esa información.
"De
encontrarse responsabilidad en los oficiales investigados, serán denunciados
en el fuero militar por infidencia", dijo el ministro de Defensa, Allan
Wagner.
La
Comisión de Defensa del Congreso por su parte ha iniciado otra investigación
ante la eventualidad de venta de documentos clasificados en el ejército, la
fuerza aérea y en la policía.
De otro
lado, la Fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, habría tenido presuntos
lazos con el empresario Fernando Zevallos, condenado por narcotráfico, según
denunció el diario Perú21.
La
funcionaria habría dictado resoluciones que favorecieron a Zevallos y que,
según el diario, constituían una obstrucción a las investigaciones sobre las
actividades ilícitas del empresario.
En su
defensa, Bolívar rechazó las acusaciones, señalando que no se ha perjudicado
ningún tipo de investigación, no se ha protegido a nadie, ni hubo ningún
tipo de favorecimiento. Atribuyó la denuncia a una campaña de demolición
para debilitar su trabajo en la Fiscalía de la Nación.
Las
denuncias también han alcanzado a ministros de Estado como al titular de
Vivienda, Hernán Garrido Lecca, quien en abril pasado fue acusado de
efectuar pagos a diarios de Lima a cambio de que presenten una buena imagen
de su sector.
Garrido
Lecca fue acusado de echar mano de los mismos métodos que usaba Vladimiro
Montesinos, ex asesor del ex mandatario Fujimori, quien compraba la línea
editorial de diarios y canales de televisión.
Partidos
de oposición pidieron su censura en el Congreso pero la propuesta no
prosperó, mientras el gobierno dictó medidas para limitar el uso de dinero
estatal en publicidad en medios de comunicación.
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