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Siete mil policías peruanos desalojan conflictivo mercado de Lima
LIMA,
mayo 28, 2007.-
Unos 7.000 policías desalojaron este lunes a centenares de
comerciantes y sus familias que se habían atrincherado desde hace más de
veinte días en un mercado que ocupaban ilegalmente desde hace cinco años, en
un operativo que dejó 14 detenidos, según la Defensoría del Pueblo.
 Los
temores a una batalla campal en el mercado Santa Anita, al este de Lima, se
disiparon debido a una rápida acción policial, que impidió que se consumaran
las advertencias de los ocupantes sobre derramamiento de sangre si ingresaba
la policía.
"Ha habido
represión indebida, nos han satanizado, han roto paredes, no hubo diálogo,
somos gente de paz, ahora nos van a tener que indemnizar", dijo Fernandino
Nieto, líder de los ocupantes, quien fue detenido al momento en que
intentaba abandonar el mercado.
Días antes
el dirigente había afirmado que los comerciantes formarían "barricadas
humanas" y que morirían en el lugar junto a sus hijos.
En un
primer balance tras el desalojo, la Defensoría del Pueblo informó sobre tres
heridos leves, dos de ellos policías, y 14 detenidos.
El general
Octavio Salazar, jefe del operativo policial, detalló que se encontraron en
el mercado varias escopetas, bombas incendiarias, pólvora o petardos de
dinamita, así como piedras que no fueron utilizadas.
La acción
policial se produjo luego de que un juez de Lima autorizó la noche del lunes
el desalojo, confirmando un fallo judicial dictado hace veinte días.
Ello
permitió a los agentes antimotines ingresar simultáneamente por la puerta
principal, la trasera y las laterales al mercado -que tiene una extensión de
80 hectáreas- abriendo boquetes en paredes con ayuda de tractores buldozer.
Tras
lanzar bombas de gases lacrimógenos, los policías encontraron una débil
resistencia de algunos comerciantes que lanzaron piedras pero que luego
desistieron de su actitud.
Otros
lanzaban maldiciones al gobierno, al presidente Alan García, al alcalde de
Lima, Luis Castañeda, y al ministro del Interior, Luis Alva Castro.
"Nosotros
no somos delincuentes, queremos trabajar, pero ahora nos arrojan a la
calle", dijo una mujer a gritos y al borde del llanto, mientras sacaba sus
pocas pertenencias en una carretilla hacia un destino incierto.
Otras
mujeres hacían lo mismo, acompañadas de niños que se cubrían el rostro para
no verse afectados con los gases.
En las
últimas semanas los ocupantes -unos 10.000 según sus dirigentes, pero menos
de la mitad de eso, según la policía- habían reclamado diálogo y la
posibilidad de una reubicación. En la puerta principal habían colocado un
cartel con el lema: "No a la represión, queremos diálogo".
Sin
embargo, en los últimos días tanto las autoridades, desde el presidente
García hasta el ministro del Interior y el Poder Judicial, habían dicho que
no había nada que conversar puesto que el Poder Judicial había ordenado el
desalojo.
El local,
que pertenece a la municipalidad de Lima, fue invadido por comerciantes
informales hace cinco años inducidos por traficantes de terrenos que les
vendieron lotes con engaños.
La
principal preocupación la constituían los niños que estaban dentro del
mercado, al conocerse versiones de que los ocupantes intentaban utilizarlos
como escudos humanos. Según informes policiales, personas inescrupulosas
"alquilaban" niños a cincuenta soles (unos quince dólares) para tenerlos en
el mercado.
Unos
quince menores fueron encontrados por la policía femenina que los llevó a un
albergue infantil hasta que sean reclamados por sus padres, previa
presentación de documentos que los acrediten como tales.
A fines de
la semana pasada el gobierno tuvo que declarar el estado de emergencia en el
distrito Santa Anita, ante la oposición de los ocupantes a salir del local.
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