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Detienen a 4 congresistas por nexos con paramilitares
BOGOTA,
mayo 14, 2007.-
Cuatro congresistas fueron detenidos el lunes por orden
de la Corte Suprema de Justicia que los sindica de tener supuestos vínculos
con grupos paramilitares, en un nuevo capítulo de arrestos derivados del
escándalo por los nexos de políticos con esos escuadrones de extrema
derecha.
 El
presidente Alvaro Uribe declaró a periodistas que "las responsabilidades
individuales" de los congresistas la decidirá "la justicia en su sabiduría y
de acuerdo con la Constitución y las leyes".
Los
congresistas Juan Manuel López, Miguel de la Espriella, José de los Santos
Negret y Reginaldo Montes están capturados, confirmó el presidente de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alfredo Gómez.
El senador
William Montes es el único que sigue sin ser arrestado.
A
excepción de López, todos pertenecen a partidos de la coalición oficialista.
Desde
finales del 2006, Colombia ha sido sacudida por las revelaciones de una
alianza entre prominentes políticos y empresarios con grupos paramilitares.
Con las
nuevas órdenes de captura, llegan a 12 los congresistas encarcelados y dos
más están prófugos. Las primeras detenciones ocurrieron en diciembre.
El fiscal
general Mario Iguarán dijo en rueda de prensa que ese organismo ordenó
"medidas de aseguramiento y detención a 15 personas".
No estaba
claro cuantas se habían concretado, pero entre las confirmadas está la
captura de Eleonora Pineda, una ex congresista que fue interlocutora de los
paramilitares en el Congreso, que perteneció al partido oficialista Colombia
Democrática y que luego en el 2006 fue excluida de esa colectividad por sus
nexos con los paramilitares.
Todos los
nuevos procesados son acusados de "concierto para delinquir" y firmaron en
el 2001 el denominado "Pacto de Ralito" en el que una treintena de políticos
y ganaderos acordaron "refundar la patria" junto con las ahora extintas
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Goméz e
Iguarán coincidieron en que a la reunión los participantes asistieron y
firmaron por su propia voluntad. "La asistencia a la reunión fue libre,
espontánea y consciente", sostuvo el fiscal general.
Gómez dijo
en rueda de prensa que los firmantes del documento obtuvieron un "provecho
político" del pacto.
La ley
colombiana estipula que los congresistas sólo pueden ser procesados por la
CSJ.
En tanto,
en una prisión de máxima seguridad en las afueras de Medellín, a unos 250
kilómetros al noroeste de esta capital, se reunieron el ministro de
Interior, Carlos Holguín, y el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos
Restrepo, con los ex comandantes paramilitares ahí recluidos para aclarar
denuncias de que siguen delinquiendo.
La reunión
estaba programada de antes, pero sirvió para hablar de supuestas grabaciones
difundidas el domingo por la revista Semana en las cuales varios de los ex
comandantes conversan sobre operaciones de narcotráfico y asesinatos.
Al término
del encuentro, Restrepo dijo que el gobierno constató que solo Orlando Mazo,
uno de los cuatro interlocutores de las llamadas transcritas por la revista,
está preso en esa prisión.
Mazo
aceptó a "someterse a un cotejo de voz... (y) si se establece que la voz que
está en la grabación es la misma del señor, inmediatamente pierde los
beneficios de (la ley de) Justicia y Paz", declaró Restrepo.
La
Presidencia dijo en un comunicado que no se explica el origen de las
interceptaciones que la revista dice tener.
Los ex
comandantes están detenidos tras un proceso de paz en el que desmovilizaron
a unos 31.000 combatientes. Ellos están sujetos a una ley que les confiere
penas máximas de ocho años de prisión si confiesan los crímenes que
cometieron, reparan el daño que infringieron y dejan de delinquir.
El
comunicado de Presidencia expuso que de comprobarse la comisión de los
delitos, los involucrados perderían los beneficios legales que obtuvieron al
deponer las armas.
Hernando
Benavides, defensor de ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso, dijo que
su cliente "es ajeno" a las grabaciones e igual continuará el martes en una
corte la confesión en la que develará nuevos nombres de quienes los
apoyaron, incluyendo políticos, empresarios, militares y policías.
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